En Paraguay, las empresas telefónicas siguen operando como si estuvieran por encima de la ley. Prometen servicios que no cumplen, imponen condiciones abusivas, aplican cobros indebidos y manipulan al usuario con campañas publicitarias diseñadas para inducir al error.

A cambio, reciben sanciones mínimas que no representan ni una fracción de lo que ganan engañando.

En lo que va del año, la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) impuso multas a las principales operadoras del país por diversas prácticas irregulares como publicidad engañosa, facturación indebida, contacto comercial no autorizado y presiones indebidas para la rescisión de contratos.

**📉 Publicidad engañosa: cuando “ilimitado” tiene límites**

SEDECO multó a TELECEL SAE (Tigo) con G. 53.813.500. La telefonía promocionó su internet móvil como “ilimitado” sin aclarar que, al superar cierto volumen de datos, la velocidad se reducía considerablemente.

La infracción se consideró una violación directa del derecho a recibir información clara y veraz (Ley 1334/98, art. 35).

Este tipo de publicidad puede parecer un simple error, pero detrás hay una estructura empresarial que apuesta por la ambigüedad, con letra chica que nadie lee y condiciones que nunca se explican del todo. El resultado es un consumidor desinformado y manipulado.

En 2024, Tigo Paraguay generó más de USD 330 millones en ingresos, según su matriz Millicom.

Con ese tamaño de facturación, una sanción de 53 millones de guaraníes (menos de USD 7.500) es, literalmente, una gota en el océano. Es el costo de hacer negocios en un país donde las leyes existen, pero el castigo nunca es proporcional al daño.

Y no es la primera vez. En abril de este año, Tigo fue multada con 400 jornales por un error de facturación que dejó a un cliente como moroso durante años. En junio, recibió otra multa de 1.000 jornales por duplicar cuentas tras un cambio de domicilio.
En todos los casos, los afectados fueron usuarios indefensos, atrapados en un sistema diseñado para facturar sin rendir cuentas.

**📲 Personal y Claro también suman denuncias**

La empresa Personal (Núcleo S.A.) fue multada recientemente con 550 jornales por cobrar servicios cancelados, amenazar con deudas inexistentes y exigir rescisión de contrato bajo presión. La práctica roza la extorsión, pero termina en una simple sanción administrativa.

Claro Paraguay, por su parte, fue sancionada por contactar comercialmente a usuarios inscriptos en el registro “No Molestar”. La Corte Suprema incluso ratificó la sanción. ¿Y la multa? Apenas 30 jornales.

**💸 Las sanciones son un vuelto**

El problema no termina en las faltas. Lo verdaderamente preocupante es que las multas aplicadas son simbólicas. Las sanciones recientes no superan los 53 millones de guaraníes por caso (menos de USD 7.500), cifras ínfimas para empresas que facturan cientos de millones de dólares al año.

Para las telefónicas, pagar una multa es parte del modelo de negocio. Ganan más vendiendo servicios engañosos que lo que pierden cuando las sancionan. Mientras tanto, la SEDECO, con recursos limitados, actúa tarde y sin dientes. Y la historia se repite.

**🧾 Cobros indebidos y presiones**

Otro patrón frecuente es la emisión de facturas luego de la cancelación del servicio. A usuarios que dan de baja el internet o el plan móvil, les siguen llegando cargos mensuales, incluso bajo amenaza de incluirlos en registros de morosos. En otros casos, se crean cuentas duplicadas sin consentimiento, generando deudas fantasmas que terminan afectando el historial crediticio de personas que, en realidad, cumplieron con todo.

Las compañías presionan al cliente con métodos agresivos para que pague lo que no debe o para que mantenga servicios no deseados. La lógica es simple: retener dinero a toda costa.

**🧩 El consumidor está solo**

Aunque la Ley de Defensa del Consumidor establece garantías claras, en la práctica el usuario queda desprotegido. Reclamar ante las telefónicas es un proceso lento, burocrático y muchas veces inútil. SEDECO actúa cuando el daño ya está hecho y, aún así, las sanciones no tienen efecto disuasorio.

Las empresas conocen los vacíos legales, saben que pueden posponer las resoluciones recurriendo ante tribunales, y que el consumidor promedio no tiene ni el tiempo ni los recursos para pelear contra un sistema que juega en su contra.

**⚖️ Un modelo que no va a cambiar solo**

Lo que ocurre con las telefónicas en Paraguay no es un caso aislado, es un modelo de negocio instalado: ofrecer menos de lo que se promete, cobrar más de lo que corresponde, y asumir que el castigo será menor que la ganancia.

Mientras no existan sanciones realmente proporcionales, mecanismos de compensación automática al usuario afectado y reguladores con mayor independencia y capacidad, las empresas seguirán comportándose como ahora: haciendo lo que quieren, sin consecuencias reales.

Promos, mentiras y mal servicio, el negocio de las telefonías

Por Augusto Morel4' de lectura

Este festín a costa del consumidor es posible gracias a la debilidad de instituciones como SEDECO Y CONATEL.