En menos de dos años, Itaipú Binacional vuelve a quedar bajo la lupa por presuntas irregularidades en la adquisición de patrulleras para la Policía Nacional.

Tres llamados a licitación, en apenas 18 meses, bastaron para encender las alertas, los pliegos de bases y condiciones presentan variaciones llamativas que podrían esconder un direccionamiento a medida.

En cada convocatoria se alteraron aspectos técnicos clave como la cilindrada, la potencia y la capacidad de carga de los vehículos. Estas modificaciones influyen directamente en la cantidad de oferentes que pueden competir, y podrían dejar fuera a empresas sin una justificación técnica clara.

Documentos anexos a los llamados confirman que las alteraciones se concentran principalmente en el motor y la transferencia. Por ejemplo, en junio del 2023, en una compra realizada a través de la UNOPS, se exigía una cilindrada mínima de 1.960 cc y una potencia de al menos 140 HP.

Curiosamente, no se especificó ninguna capacidad de carga, ni tampoco se incluyó un monto adjudicado, ya que se firmó un Acuerdo a Largo Plazo (PTA), fórmula poco transparente que elude licitaciones abiertas.

Un mes después, en julio de 2024, el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY) lanzó su propia convocatoria para adquirir 390 patrulleras por más de G. 122.571 millones, equivalente a unos 15 millones de dólares. Esta vez, las condiciones cambiaron: se subió la cilindrada a 2.300 cc, se mantuvo la potencia en 140 HP, pero se incluyó como requisito una capacidad de carga mínima de 850 kilogramos. Un giro técnico que parece más diseñado para filtrar marcas que para mejorar la capacidad operativa de la Policía.

El 9 de junio de este año, el PTI volvió a la carga con otro llamado, esta vez para 52 patrulleras, y nuevamente modificó las condiciones. Ahora se exige una cilindrada mínima de 1.895 cc, una potencia de 148 HP, además de doble filtro de gasoil y una capacidad de carga de 1.000 kilogramos. Para esta licitación se prevé un presupuesto de G. 15.339 millones, es decir, alrededor de 2 millones de dólares.

Pero el contraste más evidente aparece al comparar estas especificaciones con las compras del propio Ministerio del Interior. El 29 de noviembre de 2024, esta cartera adquirió cuatro patrulleras con ítems completamente distintos: se pidió una cilindrada de 2.999 cc, potencia mínima de 187 HP, sin exigir capacidad de carga. La adjudicataria fue Automotor S.A., representada por Rubén Valenzuela, por un monto de G. 1.431 millones.

En lugar de criterios estables que garanticen libre competencia y una compra eficiente para el Estado, los pliegos parecen escritos para favorecer a ciertos proveedores. No es un caso aislado, sino una práctica marcada en las compras públicas del país.

Estas adquisiciones se realizan con recursos del Fondo Social de Itaipú, dinero que debería ser destinado a programas de impacto ciudadano, no a licitaciones con tufo a trampa.

**Antecedentes similares**

Esta licitación sospechosa de Itaipú no es un hecho aislado. Es parte de una lógica más amplia que se repite en distintas áreas del sector público, pliegos ajustados, requisitos diseñados con nombre y apellido, y fondos públicos administrados como si fueran propiedad privada.

Uno de los casos más notorios fue el de los pupitres escolares, donde el Ministerio de Educación adjudicó millonarios contratos para la compra de mobiliario con especificaciones tan particulares, como el tipo exacto de tornillos o el color del barniz, que dejaron fuera a numerosas pequeñas y medianas carpinterías nacionales.

Los contratos terminaron en manos de empresas con vínculos políticos, y los precios superaban ampliamente el valor de mercado. En varios departamentos, incluso, se reportaron pupitres defectuosos o que nunca llegaron a destino.

Otro ejemplo emblemático se dio en la aparente compra de muebles para edificios del Gobierno, incluyendo ministerios y oficinas públicas, donde también se detectaron pliegos “a medida” que exigían, por ejemplo, tipos de madera o terminaciones imposibles de cumplir para la mayoría de los proveedores.

Estas compras fueron cuestionadas por sobreprecios escandalosos y por priorizar el lujo en tiempos de recortes y austeridad.

La administración de la Binacional, por su parte, guarda silencio. No hay explicaciones públicas. No hay auditorías independientes. Mucho menos, sanciones. Mientras la inseguridad se dispara, las patrulleras parecen convertirse en botines codiciados por firmas allegadas al poder.

Patrulleras hechas a medida, otra licitación sospechosa en Itaipú

Por Augusto Morel4' de lectura

Denuncian que las especificaciones técnicas se van ajustando de forma llamativa en cada llamado, lo que supondría un direccionamiento camuflado.