La compra de 28.000 máquinas de votación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha desatado una ola de cuestionamientos. La inversión, que asciende a USD 93 millones, busca, según el organismo, abaratar costos en comparación con el alquiler de los equipos utilizados en procesos electorales anteriores.

El pago sería a 4 años y los artefactos se utilizarían en cuatro elecciones, dos municipales y dos nacionales.

Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir, como la falta de transparencia, condiciones restrictivas y presiones para acelerar la aprobación de la licitación han puesto en duda al proceso.

**¿Compra o gasto innecesario?**

El TSJE defiende la operación argumentando que, aunque el alquiler para dos periodos electorales cuesta el 85% del precio de compra, este incluye gastos adicionales como transporte y logística, que encarecen el servicio.

Además, señalan que alquilar implica recibir las máquinas solo un mes antes de los comicios, lo que limita el tiempo de prueba y capacitación.

Con la compra, estiman que el costo se recuperaría en aproximadamente dos periodos electorales y los equipos se utilizarían en cuatro elecciones: dos municipales y dos nacionales, incluyendo internas partidarias.

Sin embargo, el mantenimiento de las máquinas y su obsolescencia tecnológica son costos adicionales que no están siendo analizados en detalle.

**Restricciones que levantan sospechas**

Uno de los puntos más polémicos de la licitación es la limitación a la competencia, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se exigen requisitos que, en la práctica, podrían beneficiar a ciertas empresas y excluir a otras del proceso.

Según Carlos María Ljubetic, director de la Justicia Electoral, son tres las cuestiones donde todavía no hay acuerdo entre las partes.

	1.	El requisito de que tres directivos de las empresas hablen español para realizar
	las capacitaciones. Para la DNCP, esta exigencia es discriminatoria y podría ser
    un filtro injustificado.

	2.	Lo ideal es que una empresa sólida sea la beneficiada, con una facturación en
	total de USD 80 millones en los últimos 5 años, esto para garantizar el
    cumplimiento de lo acordado.

	3.	Experiencia en al menos dos elecciones previas, lo que impide la participación
de compañías que podrían ofrecer mejores precios o tecnología, pero que no tienen
antecedentes específicos en procesos electorales.

Este último punto es especialmente controversial, pues una empresa brasileña estaría interesada en fabricar las máquinas en este momento para ajustarse a los requisitos. Esto ha levantado sospechas sobre si Encina, titular de la DNCP, estaría favoreciendo a determinados actores en la licitación.

**Importante padrón electoral**

Otro aspecto que genera dudas es el tamaño del padrón electoral. El TSJE calcula que en las elecciones nacionales habrá 6 millones de votantes habilitados, cuando el censo revela que el país tiene 6 millones de habitantes en total. ¿Cómo se explica esta contradicción?

La diferencia entre la cantidad de habitantes y de electores habilitados podría deberse a una base de datos desactualizada o elaborada de manera displicente, pues el Censo de 2022 levantó un montón de críticas a raíz de que miles de personas afirman no haber sido censadas.

**Presiones y luchas de poder**

Fuentes cercanas al TSJE aseguran que se está presionando para que la oferta sea aprobada cuanto antes, lo que despierta sospechas sobre quiénes se benefician realmente con esta compra. La falta de acuerdos en aspectos clave y las trabas impuestas por la DNCP reflejan que más que una discusión técnica, esto es una lucha de intereses entre diferentes sectores del poder.

El debate sobre la licitación de las máquinas de votación sigue abierto, pero lo que queda claro es que la transparencia y la competencia parecen ser las principales víctimas en este proceso. Mientras tanto, los ciudadanos son los que pagarán el costo de una decisión que, si no se maneja con responsabilidad, podría convertirse en otro escándalo de despilfarro de fondos públicos.

La DNCP exige que el PBC sea corregido, mientras que la Justicia Electoral los acusa de demorar el proceso. Se dice que siempre hay vuelto, pero al parecer cada uno lucha por sus intereses.

Millonaria licitación del TSJE, muchas trabas y poca claridad

Por Augusto Morel4' de lectura

La DNCP exige que el PBC sea corregido, mientras que la Justicia Electoral los acusa de demorar el proceso. Se dice que siempre hay vuelto, pero al parecer cada uno lucha por sus intereses.