En Paraguay, la corrupción no discrimina colores ni partidos. Desde los bastiones del oficialismo hasta los integrantes de la oposición, las irregularidades se multiplican, dejando al pueblo como víctima de un sistema político que, al contacto con el poder, revela su verdadera naturaleza.

La corrupción se manifiesta en diversas formas y en todos los niveles de gobierno. En el distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú, concejales municipales denunciaron al intendente Carlos Javier Godoy Fariña por supuesta discriminación y falta de pago de dietas, además de presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas sin transparencia.   

En Ñemby, el intendente Tomás Olmedo (ANR) enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos, incluyendo obras de empedrado pagadas pero no ejecutadas y transferencias irregulares a comisiones vecinales. Ciudadanos han exigido su renuncia y una intervención municipal.   

En Ciudad del Este, la administración del intendente Miguel Prieto ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de la Contraloría Ciudadana, incluyendo la existencia de empresas de maletín, sobrefacturación y creación de gastos ficticios. Estas prácticas han generado un agujero financiero en la municipalidad.   

**Caso Fonacide**

El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), destinado a mejorar la infraestructura educativa, ha sido objeto de corrupción sistemática. Según el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas Públicas, al menos 54 intendentes de distintos partidos políticos están involucrados en el mal manejo de estos recursos, afectando directamente a la educación de miles de niños.   

**La impunidad como factor común**

La falta de consecuencias para los responsables de actos de corrupción es una constante. El caso de la “Niñera de Oro”, que involucró al senador Víctor Bogado en un esquema de doble remuneración para una funcionaria, generó indignación ciudadana pero no resultó en sanciones ejemplares.   

En Alto Paraná, el exgobernador Justo Zacarías Irún fue denunciado por la construcción de “gallineros de oro”, estructuras sobrefacturadas que costaron hasta G. 14 millones cada una. A pesar de las evidencias, el caso está a punto de prescribir sin que se haya hecho justicia.   

**Sufren los mismos de siempre**

Mientras los políticos se acusan mutuamente y reparten impunidad, es la ciudadanía la que sufre las consecuencias: servicios públicos deficientes, infraestructura en ruinas y una desconfianza creciente en las instituciones. La integridad debería ser la norma, no la excepción, en la administración pública.

La corrupción no distingue colores ni partidos; afecta a todo el sistema. Es imperativo que la sociedad exija transparencia, rendición de cuentas y sanciones efectivas para quienes traicionan la confianza pública.


La corrupción sin distinción, todos se ensucian por igual

Por Augusto Morel3' de lectura

La política expone cómo son realmente cuando el poder apenas les roza el dedo.