Cuatro hermanos no pueden realizar la distribución de una sucesión y un abogado está sin percibir terrenos, en concepto de honorarios, por el presunto abuso de poder y atribuciones injustificadas de la fiscala Patricia María Rivarola.

Se trata del juicio sucesorio del señor Guillermo Heisecke, propietario de varias empresas, quien falleció en 1999, dejando numerosas propiedades en herencia, alrededor de 400. Los herederos son los hermanos Anahí del Rocío, Guillermo, Graciela María y Christian, además del abogado César Royg, quien salvó la sucesión en dos ocasiones luego de que estuviera a punto de ir a remate por unas deudas del difunto.

**Inicio del conflicto**

Royg tomó intervención en el caso en el 2001 y, tras salvar la sucesión en dos ocasiones, se le ofreció unos inmuebles en concepto de pago de honorarios: una casa antigua en el microcentro, en zona de San Roque, Asunción, y dos terrenos baldíos en Lambaré. Ese ofrecimiento se dio en el 2010. Desde entonces, Royg denunció una seria de incidencias por parte de la agente fiscal Rivarola para evitar que se concrete la sucesión.

Los herederos se pusieron de acuerdo para que el abogado reciba los inmuebles en pago, sin impedimentos legales. Igualmente, en diciembre de año pasado, el juez del segundo turno civil y comercial, Arnaldo Martínez Rozzano, dio la razón al derecho de Royg de recibir los inmuebles, por el acuerdo de herederos.

La fiscala Patricia Rivarola, acompañada de su hermano, el abogado Alberto Rivarola, planteó ante el juez su oposición al proyecto de dación de los inmuebles, pedido que fue rechazado por el juez Martínez. Ella se había presentado como heredera de su padre, el abogado fallecido Juan Bautista Rivarola, quien actuó como defensor de unos herederos de Heisecke, con el fin de reclamar el derecho de cobrar honorarios de su padre. 

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**Cuestionamientos del afectado**

El abogado Royg expuso una serie de crítica y motivos por los que la agente fiscal incurriría en acciones ilegítimas y de mala fe, según sus declaraciones.

El jurista presentó ante el juez Martínez un escrito judicial, que fue incluido en el expediente sucesorio. En la carta, argumenta que los honorarios eventuales del padre de la fiscala, en carácter de subrogación, aún no fueron definidos por el Tribunal de Apelaciones, motivo por el cual no puede reclamar un número.

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Según Royg, el derecho civil no le da a la agente ni a su hermano el derecho de impugnar ni de bloquear un pago necesario y urgente, debido a que para preservar los bienes del juicio sucesorio, se debe abonar al representante legal. Como esto hasta el momento no ocurre, los bienes corren el riesgo de remate, rapiña y ocupación de los lotes, lo cual ya ocurre.

El abogado indicó que los herederos acordaron entregar a la fiscal una propiedad 25 hectáreas en Tobatí, con un valor aproximado de G. 3.000 millones, sin embargo, la fiscal rechazó. Igualmente, alegó que su actitud es “incongruente" y “abusiva”, por no aceptar la oferta que sería sumamente superior al crédito de honorario que, eventualmente, le correspondería. 

**Crisis de los herederos y temor por futuras chicanas**

En este caso no solo el abogado sostiene que es perjudicado, sino los mismos herederos, ya que hasta ahora no pueden disponer de los bienes ni pagar impuestos, lo que genera millonarias pérdidas, por lo que se ven obligados a vender lotes para pagar impuestos atrasados. A eso se suma que las propiedades podrían perderse por remate de los municipios que tienen créditos por impuesto inmobiliario o por usurpación de terceros, al no concretarse la distribución de los lotes.

Debido a que la Cámara de Apelaciones aún no se expidió sobre la apelación planteada por la fiscala, tras la resolución del juez, Royg teme que ella busque dilatar la definición y la distribución de los bienes, haciendo uso de sus influencias y autoridad.

“Más allá de los daños que nos genera a los herederos y a mí como abogado con derecho de crédito, también está violando todas las normas éticas que hacen a la institución a la que representa, que es el Ministerio Público de la República del Paraguay. Y en lo que aquí está demostrando es su angurria, su ambición y su hambre de sacar ventaja”, cuestionó.

Sobre la fiscala Rivarola pesan cuestionados antecedentes como el pedido de blanqueamiento de los involucrados en el millonario desvío de la Caja de Jubilados Municipales (Cajubi), de USD 215 millones. 




Denuncian a fiscala por abuso de poder y graves perjuicios en juicio sucesorio

Por Equipo Periodístico4' de lectura

Herederos y un abogado criticaron una serie de aparentes chicanas e irregularidades en unos trámites de sucesión que, tras 20 años, aún no concluyen.